Las universidades públicas están sujetas a las mismas normativas que rigen para el resto del Estado, que tiene en su poder las mismas herramientas para auditar a cualquier otra dependencia nacional.
La autonomía universitaria aplica a la definición de sus planes de formación, proyectos de investigación y de extensión. Las decisiones de gastos o aplicación de los recursos se realizan en el marco de la Ley de Presupuesto anual, la Ley de Educación Superior y los estatutos de la Universidad.
En cumplimiento de esas normas, el uso de los fondos recibidos del Gobierno nacional y los generados por la propia UNC son auditados de manera regular.
Este control sobre el uso los recursos de la universidad se realizan a través de tres mecanismos principales:
- La Auditoría General de la Nación (AGN).
- La Auditoría Interna de la universidad.
- Rendición de gastos específicos de programas financiados con fondos nacionales.
Es relevante destacar que el 90% del gasto de los fondos que envía la Nación corresponde a salarios. Los mismos son aprobados mensualmente por el Estado Nacional en base a la información remitida por la Universidad y en el marco del presupuesto aprobado por el Congreso. El resto de los fondos (10%), conocidos como gastos de funcionamiento, son informados semestralmente a la Contaduría General de la Nación, resumida anualmente en balances.
A raíz de los cuestionamientos públicos sobre la naturaleza y el alcance de las auditorías que se aplican a las universidades nacionales, detallamos cuáles son los mecanismos de control y fiscalización a los que está sujeta esta casa de estudios.
